CNDH
Competencia en todo el país respecto de autoridades federales, excepto el Poder Judicial de la Federación; asuntos mixtos federal-local e inconformidades contra organismos locales en los supuestos legales. Ley CNDH, arts. 3 y 6.
Sitio oficial ↗Sistemas de protección y mecanismos de defensa. Aprende a identificar competencias, argumentar y proponer respuestas con enfoque de derechos humanos.
CONOCE · ARGUMENTA · TRANSFORMACompara los sistemas antes de elegir una ruta. Una misma situación puede exigir acciones complementarias.
| Pregunta clave | Sistema no jurisdiccional | Sistema jurisdiccional · amparo |
|---|---|---|
| ¿Quién conoce? | Organismos públicos de derechos humanos: CNDH y organismos locales. | Órganos del Poder Judicial de la Federación competentes para el juicio de amparo. |
| ¿Qué se presenta? | Queja por actos u omisiones atribuibles a autoridades, según competencia. | Demanda de amparo frente a normas, actos u omisiones reclamables, con requisitos de procedencia. |
| ¿Qué produce? | Investigación, posibles soluciones durante el trámite y, en su caso, recomendación pública no vinculante. | Resoluciones jurisdiccionales y sentencias obligatorias en los términos legales. |
| ¿Cómo repara? | Recomienda medidas integrales y verifica su cumplimiento; la reparación requiere actuaciones de las autoridades competentes. | Protección y restitución conforme a los efectos del amparo; no sustituye automáticamente todas las vías de reparación integral. |
| ¿Es gratuito? | El trámite de queja es gratuito. | Acceso a la justicia; pueden existir costos de representación o gestión, con mecanismos de defensoría pública. |
| ¿Qué debo analizar? | Autoridad involucrada, materia, competencia, hechos, víctimas y medidas urgentes. | Acto reclamado, interés, definitividad, plazo, autoridad responsable y suspensión. |
De la recepción a la verificación del cumplimiento.
Explorar →02Víctimas, modalidades y medidas que transforman realidades.
Explorar →03Directo, indirecto, suspensión y errores frecuentes.
Explorar →04Analiza hechos, autoridades, derechos y posibles respuestas institucionales.
Resolver →Competencia, quejas, investigación, recomendaciones y cumplimiento.
Una presunta violación de derechos humanos se examina cuando un acto u omisión imputable a una autoridad vulnera obligaciones de respeto, protección o garantía. También pueden investigarse conductas de particulares cuando exista tolerancia, anuencia o una omisión injustificada de la autoridad competente, en los supuestos legales. No toda controversia privada constituye automáticamente una violación atribuible al Estado.
| Supuesto | Regla de competencia | Fundamento |
|---|---|---|
| Autoridad estatal o municipal de Quintana Roo | CDHEQROO, cuando el hecho sea atribuible a esas autoridades y no concurra una regla federal. | Ley CDHEQROO, arts. 4 y 11, IV. |
| Autoridad federal | CNDH, en todo el territorio nacional, con la excepción legal de los órganos del Poder Judicial de la Federación. | Ley CNDH, art. 3. |
| Autoridad federal y local o municipal en un mismo hecho | Competencia íntegra de la CNDH; la comisión local puede efectuar diligencias urgentes y remitir constancias. | Ley CNDH, art. 3; Ley CDHEQROO, art. 5; Reglamento CNDH, arts. 15–16. |
| Autoridades de dos o más entidades federativas en un mismo hecho | CNDH conforme a la regla de concurrencia y el acuerdo de atracción correspondiente. | Reglamento CNDH, art. 16. |
| Hechos separados, aunque relacionados | Primero delimitar temporalidad, conductas, autoridades y nexo entre hechos. No presumir concurrencia: motivar la competencia de cada expediente y la remisión que proceda. | Reglas de competencia anteriores; análisis de hechos. |
| Particular con tolerancia o anuencia estatal | Se investiga la actuación u omisión atribuible a la autoridad competente; el nivel de gobierno determina el organismo. | Ley CNDH, art. 6, II, b; Ley CDHEQROO, art. 11, IV, b. |
| Asuntos electorales o resoluciones jurisdiccionales | Excluidos de competencia para revisar esas materias o decisiones. Distinguir de actos administrativos de órganos judiciales locales cuando la ley permita conocer. | Constitución, art. 102 B; Constitución de Quintana Roo, art. 94; leyes orgánicas aplicables. |
Autonomía y colaboración: CNDH y CDHEQROO son organismos autónomos, sin subordinación jerárquica general. La CNDH ejerce la competencia constitucional especial para conocer inconformidades contra recomendaciones, acuerdos u omisiones de organismos locales.
¿Qué significa? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede asumir la tramitación de una queja que inicialmente correspondía a un organismo local y, en su caso, emitir la recomendación. No equivale a una apelación general ni significa que la CNDH sea superior jerárquico de las comisiones estatales.
| Supuesto | Regla jurídica | Fundamento |
|---|---|---|
| Recurso por omisión o inactividad | Ante un recurso de queja, si la CNDH considera importante el asunto y estima que el organismo estatal puede demorar mucho en recomendar, puede atraer la queja y continuar su trámite. | Ley CNDH, art. 60; leer junto con arts. 56–59. |
| Especial gravedad y trascendencia nacional | El Reglamento contempla asuntos que trascienden el interés de una entidad, inciden en la opinión pública nacional y revisten especial gravedad. No basta únicamente con que un caso sea conocido en redes sociales. | Reglamento Interno CNDH, art. 14. |
| Solicitud local o impedimento | El Reglamento también prevé la solicitud expresa de un organismo local o el impedimento de su titular para conocer del asunto. | Reglamento Interno CNDH, art. 14. |
| Autoridades de dos o más entidades | Cuando intervienen en el mismo hecho autoridades de dos o más entidades federativas, la CNDH debe conocer y debe acordarse la atracción: no es el mismo supuesto de valoración discrecional. | Reglamento Interno CNDH, art. 16. |
La atracción de una queja originalmente local exige acuerdo suscrito por la Presidencia de la CNDH. La visitaduría general correspondiente lo notifica al organismo local y a la autoridad presuntamente responsable, y solicita las constancias y diligencias del expediente. La atracción modifica quién tramita la queja; no determina de antemano que haya existido una violación.
Facultad discrecional no significa decisión sin reglas. En los supuestos que requieren valoración, la CNDH pondera importancia, gravedad y trascendencia conforme al marco normativo. La visibilidad mediática, la presión social y el contexto político pueden formar parte del entorno en que se adopta una decisión institucional; sin embargo, no sustituyen los requisitos jurídicos ni acreditan, por sí mismos, el motivo real de una decisión concreta. Para sostener que hubo una motivación política en un caso determinado se necesitan elementos verificables.
Fuentes: Ley de la CNDH, arts. 3, 56–60; Reglamento Interno de la CNDH, arts. 14 y 16. Diferencia esencial: la concurrencia federal-local del art. 3 de la Ley es competencia ordinaria, no atracción discrecional.
| Recurso | ¿Cuándo procede? | ¿Quién puede promoverlo? |
|---|---|---|
| Queja | Omisión o inacción del organismo local que cause perjuicio grave; sin recomendación emitida y, como regla legal, transcurridos seis meses desde la presentación local. | Personas quejosas o denunciantes afectadas, conforme al art. 56. |
| Impugnación | Resolución definitiva local; información definitiva de cumplimiento; excepcionalmente, acuerdos que vulneren ostensiblemente derechos y requieran protección inmediata. | Quienes fueron personas quejosas en el expediente local, conforme al art. 64. |
Atención: una autoridad señalada como responsable debe responder y justificar su actuación, pero ello no la convierte en recurrente legitimada en los términos del artículo 64. El recurso de queja tampoco es sinónimo de la queja inicial por violación de derechos humanos.
Ley CNDH, arts. 55–65. La atracción prevista en el art. 60 se relaciona con un recurso de queja por omisión o inactividad; el Reglamento Interno, art. 14, desarrolla sus supuestos. La concurrencia entre autoridades de distintas entidades tiene regulación específica en el art. 16 reglamentario; no debe confundirse con el margen discrecional de los supuestos del art. 14.
Un mismo hecho: si una detención involucra a policías municipales y agentes federales actuando en el mismo episodio, la comisión estatal documenta lo urgente y remite a la CNDH; no divide automáticamente la investigación del mismo hecho.
Hechos distintos: si la policía municipal detuvo a una persona y días después una autoridad federal incurrió en una omisión autónoma, deben individualizarse hechos y autoridades antes de resolver si hay expedientes separados o conexión jurídicamente relevante.
Atracción: la notoriedad política por sí sola no sustituye los requisitos normativos ni el acuerdo formal correspondiente. Consulta el apartado independiente «Facultad de atracción de la CNDH» en este portal.
Territorio y autoridad no son lo mismo. La CNDH tiene competencia territorial nacional, pero su competencia ordinaria por autoridad se refiere a actos u omisiones imputados a autoridades federales, salvo el Poder Judicial de la Federación. En Quintana Roo, la CDHEQROO conoce en principio de autoridades administrativas estatales y municipales. Cuando intervienen autoridades federales y locales en un mismo hecho, la regla legal atribuye competencia a la CNDH.
Supuestos especiales: la CNDH conoce de inconformidades legalmente previstas respecto de organismos locales, incluidas omisiones y deficiencias de cumplimiento. Los actos de particulares pueden ser relevantes cuando hay tolerancia, anuencia o negativa injustificada de una autoridad a ejercer sus atribuciones; no se transforma automáticamente al particular en autoridad pública.
Fundamento: Ley CNDH, arts. 3, 6 y 7–8; Ley CDHEQROO, arts. 4, 5, 11, 13–14.
Actos y resoluciones de organismos o autoridades electorales; resoluciones de carácter jurisdiccional; consultas abstractas sobre interpretación de leyes o Constitución.
Una queja sobre actuaciones administrativas de autoridades judiciales locales puede ser examinable bajo los supuestos legales. Esto no autoriza revisar el fondo de sentencias. Respecto del Poder Judicial de la Federación rige la exclusión específica de competencia de la CNDH.
Fundamento: Constitución federal, art. 102 B; Ley CNDH, arts. 7 y 8; Ley CDHEQROO, arts. 13 y 14.
Competencia en todo el país respecto de autoridades federales, excepto el Poder Judicial de la Federación; asuntos mixtos federal-local e inconformidades contra organismos locales en los supuestos legales. Ley CNDH, arts. 3 y 6.
Sitio oficial ↗Competencia en Quintana Roo por presuntas violaciones imputadas a autoridades estatales y municipales; actos de particulares con tolerancia o anuencia pública, bajo los requisitos de ley. Ley estatal, arts. 4, 5 y 11.
Ley estatal ↗Identifica la autoridad y su naturaleza jurídica, la conducta atribuida, la materia, los hechos y las reglas especiales. En casos mixtos o de competencia controvertida, fundamenta la canalización y evita dejar sin atención a las víctimas.
Hechos, personas afectadas, autoridad, lugar, fecha y riesgo actual. No exigir formalismos innecesarios.
Competencia, informes, evidencias, entrevistas, contexto y medidas urgentes cuando correspondan.
La investigación puede conducir a diferentes formas de conclusión; una recomendación exige sustento en hechos y valoración de pruebas.
La autoridad debe responder. La negativa exige fundamentación, motivación y publicidad en los supuestos legales.
Fase diferenciada: requerimientos, pruebas, verificación de resultados y estado de cumplimiento. Una carta de aceptación no acredita reparación.
Quintana Roo: el artículo 56 de la ley de la Comisión establece la respuesta a la recomendación y la obligación de verificar su cumplimiento; el artículo 56 Bis prevé actuaciones frente a negativas o incumplimientos. CNDH: el Reglamento Interno, artículos 137 a 139 de la versión consultada, distingue compromiso de cumplimiento, seguimiento y verificación, con diversos estados de cumplimiento.
La separación entre emisión y seguimiento es esencial. La denominación y organización del expediente específico deben verificarse conforme a las reglas operativas vigentes; no se presume idéntica tramitación en ambas instituciones.
El expediente no termina necesariamente con una recomendación. Según los hechos, la competencia y el reglamento aplicable, puede concluir por recomendación, conciliación o solución durante el trámite, incompetencia con orientación o remisión, falta de elementos para acreditar la violación, desistimiento o falta de interés procesal en los supuestos permitidos u otras causales reglamentarias. No deben tratarse estas categorías como idénticas entre organismos.
Precaución: la conciliación no es adecuada para toda violación, especialmente ante hechos graves. Una queja concluida no equivale a una recomendación aceptada; y una recomendación aceptada pasa a seguimiento hasta verificar sus puntos.
Contrastar la causal y la formalidad exactas con el Reglamento Interno de la CNDH y el Reglamento de la Ley de la CDHEQROO antes de aplicarlas a un expediente real.
Documentar violaciones, reconocer víctimas, señalar obligaciones, proponer medidas de reparación, recomendar cambios administrativos y establecer puntos verificables de cumplimiento.
Anular sentencias, sustituir decisiones judiciales, imponer una condena penal ni convertir automáticamente en ejecutada una compensación o una política pública.
La recomendación pública puede abrir una interlocución jurídica e institucional con la autoridad señalada. La aceptación expresa un compromiso, pero no equivale a reconocer cada consecuencia ni acredita el cumplimiento de las medidas. La negativa y el incumplimiento deben examinarse conforme a los mecanismos constitucionales y legales aplicables.
Casos docentes inspirados en experiencias profesionales del catedrático: (a) una autoridad municipal que establece restricciones generales de movilidad durante una emergencia sanitaria; (b) una autoridad que cuestiona la condición de víctima con argumentos basados en presuntos antecedentes de familiares. Los supuestos están adaptados para fines didácticos; no reproducen expedientes ni afirmaciones documentales verificadas.
Pregunta transversal: ¿qué elementos jurídicos, institucionales y de política pública deben acreditarse antes de declarar cumplida una recomendación?
Modalidades, derechos de las víctimas y cumplimiento verificable de las medidas.
Persona física que ha sufrido daño o menoscabo de sus derechos como consecuencia de una violación de derechos humanos, en los términos de la Ley General de Víctimas.
Ejemplo: paciente a quien una institución pública niega injustificadamente atención urgente.
Familiares o personas físicas a cargo de una víctima directa que tienen una relación inmediata con ella, conforme a los criterios legales aplicables.
Ejemplo: familiares que sufren consecuencias propias derivadas de una desaparición atribuible a agentes estatales.
La Ley General de Víctimas regula tanto víctimas del delito como víctimas de violaciones de derechos humanos. Este atlas estudia estas últimas. La distinción entre víctima directa e indirecta es distinta de la distinción por origen de la afectación. La condición de víctima no depende, por sí misma, de una sentencia penal contra la persona responsable.
Víctimas potenciales: personas cuya integridad o derechos estén en peligro por prestar asistencia a una víctima. También deben considerarse las afectaciones colectivas conforme a la ley.
Ley General de Víctimas, arts. 4, 5, 26 y 27.
Restablecer, cuando sea posible, la situación previa a la violación.
Reincorporación escolar; restitución de derechos; devolución de bienes, según el caso.Atender consecuencias físicas, psicológicas y sociales.
Atención médica, psicológica, servicios sociales y apoyos necesarios.Reparar perjuicios económicamente evaluables conforme a los requisitos legales.
Daño material e inmaterial cuantificable; no implica pagos automáticos ni idénticos.Reconocer la verdad, la dignidad y la memoria de las víctimas.
Reconocimiento de responsabilidad, actos de memoria, búsqueda de verdad, disculpas pertinentes.Transformar las condiciones que facilitaron la violación.
Protocolos, supervisión, reformas administrativas, formación y mecanismos de control.No. Las disculpas públicas no están jurídicamente descartadas: pueden constituir una medida de satisfacción. Sin embargo, deben evaluarse su pertinencia, condiciones de dignidad, participación de las víctimas y efecto real. Una ceremonia sin atención, restitución, compensación cuando corresponda ni garantías de no repetición puede constituir una respuesta insuficiente.
| Modalidad | Medidas que pueden ser pertinentes | Qué comprobar |
|---|---|---|
| Restitución | Reincorporación a la escuela o empleo; restitución de derechos y bienes; restablecimiento de servicios. | Que la persona recupere efectivamente el ejercicio del derecho. |
| Rehabilitación | Atención médica y psicológica, apoyos sociales, acompañamiento y servicios especializados. | Acceso real, continuidad, pertinencia cultural y ausencia de revictimización. |
| Compensación | Daños materiales e inmateriales económicamente evaluables, conforme a las reglas y autoridades competentes. | Determinación individualizada, trámite, pago y suficiencia legal. |
| Satisfacción | Reconocimiento de responsabilidad, búsqueda y esclarecimiento de hechos, actos de memoria, rectificación, disculpa pública pertinente. | Participación de víctimas, dignidad y pertinencia; evitar actos simbólicos impuestos. |
| No repetición | Protocolos, formación con evaluación, controles internos, cambios normativos, presupuestos, accesibilidad y supervisión. | Indicadores de resultados y disminución de riesgos, no solo oficios o fotografías. |
Ley General de Víctimas, arts. 26–27 y disposiciones específicas de las modalidades; la medida concreta depende de los hechos y la legislación aplicable.
Selecciona cada principio para conocer su sentido práctico en el análisis de la reparación.
Selecciona uno de los principios anteriores para consultar una noción breve.
Clasifica cada medida según su finalidad predominante. Algunas pueden cumplir más de una función según el contexto, su diseño y los efectos acreditados; aquí se indica la clasificación didáctica más pertinente.
Ejemplo: una recomendación solicita atención psicológica, compensación y reforma de un protocolo hospitalario. La autoridad acepta, realiza una ceremonia pública y presenta una fotografía.
Preguntas: ¿qué medidas están pendientes?, ¿qué evidencia permitiría acreditar atención sostenida?, ¿cómo evaluarías si el nuevo protocolo modifica efectivamente la práctica institucional?, ¿qué indicadores y presupuesto exigirías?
Procedencia del amparo directo e indirecto, sujetos, plazos, definitividad y suspensión.
Procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio emitidas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo; puede alegarse violación en la resolución o procesal que trascienda al fallo. Se deben revisar los recursos ordinarios exigibles y las excepciones.
Ejemplo: sentencia definitiva de un tribunal, tras considerar los medios ordinarios exigibles.
Trampa: no toda resolución judicial se combate en amparo directo.
Procede, en los supuestos del artículo 107 de la Ley de Amparo, contra normas generales; determinados actos u omisiones fuera de juicio; actos en juicio de imposible reparación; actos después de concluido el juicio; y otros supuestos expresos. No es una vía residual automática.
Ejemplo: omisión administrativa reclamable, previa evaluación de definitividad y demás requisitos.
Trampa: no toda omisión ni toda inconformidad administrativa hacen procedente el amparo.
¿Qué se reclama exactamente?
¿Quién lo realizó o debe actuar?
¿Qué afectación jurídica se alega?
¿Hay medio ordinario exigible o excepción?
¿Cuál es el plazo aplicable y desde cuándo corre?
¿Es procedente y qué efectos puede tener?
La suspensión puede tener efectos cautelares y de tutela provisional en los términos de la ley. Su concesión no implica que el fondo del amparo esté resuelto a favor de la persona quejosa. Las reglas varían según el acto y el supuesto legal.
Selecciona una respuesta, argumenta y comprueba qué dato falta. Los casos son hipotéticos y están diseñados para debatirse.
Una dependencia recibe 180 quejas por falta de medicamentos en seis meses. La autoridad anuncia un curso de sensibilización y publica una disculpa institucional. Sin embargo, persisten las interrupciones del suministro.
Rúbrica orientadora: identificación de derechos (20 %), análisis de causas y contexto (20 %), medidas de reparación pertinentes (25 %), factibilidad administrativa y presupuestaria (15 %), indicadores y participación de víctimas (20 %).
Las respuestas están fundamentadas en normas y documentos institucionales. Para resolver casos reales, revisa el texto vigente y la jurisprudencia aplicable.
1. Comparar los sistemas en la portada. 2. Resolver una controversia competencial. 3. Debatir qué prueba acredita cumplimiento de una recomendación. 4. Resolver las trampas de amparo. 5. Diseñar una intervención pública verificable.